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Myanmar

Informe 2016/2017 de Amnisitía Internacional sobre Myanmar

Myanmar 2016/2017

La formación de un nuevo gobierno dirigido por civiles no se tradujo en mejoras significativas de la situación de los derechos humanos. Se incrementaron los actos de violencia y discriminación contra la perseguida minoría rohingya. Se intensificó la intolerancia religiosa y el sentimiento antimusulmán. En el norte del país se agravaron los enfrentamientos entre el ejército y grupos armados étnicos. El gobierno endureció las restricciones de acceso para la ONU y otros organismos humanitarios a las comunidades desplazadas. Aunque decenas de presos y presas de conciencia quedaron en libertad, continuaron restringiéndose las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica. Siguieron cometiéndose impunemente violaciones de derechos humanos, y persistió la impunidad de las cometidas en el pasado.

Información general

El Parlamento se reunió por primera vez el 1 de febrero tras las elecciones de noviembre de 2015, en las que la Liga Nacional para la Democracia se alzó con una arrolladora victoria. En marzo, Htin Kyaw fue elegido presidente, y ese mismo mes se llevó a cabo la transferencia formal de poderes. Aunque la Constitución seguía prohibiendo a Aung San Suu Kyi ocupar la presidencia, en abril fue nombrada consejera de Estado —puesto creado especialmente para ella—, convirtiéndose así, de hecho, en líder del gobierno civil. Pese a ello, el ejército siguió acaparando considerable poder político, porque al tener asignado el 25% de los escaños del Parlamento podía vetar las reformas constitucionales, y porque controlaba los principales ministerios. Además, seguía sin estar sujeto a supervisión civil.

Discriminación

La minoría rohingya

La situación de la minoría rohingya se deterioró de manera considerable tras los atentados contra puestos policiales, ocurridos en octubre en la frontera norte del estado de Rajine, presuntamente perpetrados por extremistas rohingyas y que se saldaron con la muerte de nueve agentes de policía. Las fuerzas de seguridad respondieron con una operación de seguridad a gran escala, que incluyó “operaciones de limpieza” además del cierre de la zona, con lo que se impidió de hecho entrar en ella a las organizaciones humanitarias, los medios de comunicación y los observadores independientes de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad fueron responsables de homicidios ilegítimos, disparos indiscriminados contra la población civil, violaciones y detenciones arbitrarias.1 Decenas de miles de personas se vieron desplazadas tras la destrucción de sus viviendas, y al menos 27.000 huyeron a Bangladesh. Esta respuesta supuso un castigo colectivo a toda la comunidad rohingya en el norte del estado de Rajine, y la conducta de las fuerzas de seguridad pudo haber constituido crimen de lesa humanidad. El gobierno negó tajantemente que las fuerzas de seguridad hubieran cometido violaciones de derechos humanos, y aunque en diciembre constituyó una comisión de investigación, ésta carecía de credibilidad, al estar presidida por un ex general del ejército y figurar entre sus integrantes el director general de la Policía.

En otros lugares del estado de Rajine la situación siguió siendo grave, y la población rohingya y musulmana en general vio drásticamente restringida su libertad de circulación, hasta el punto de que no podía salir de sus respectivas localidades o campos para personas desplazadas y se la segregaba de otras comunidades. También se limitaba enormemente el acceso a sus medios de sustento, a tratamiento médico (incluso en casos de vida o muerte), a la seguridad alimentaria y a la educación.

La mayoría de la población rohingya seguía siendo apátrida. Los esfuerzos del gobierno por reanudar el proceso de verificación de ciudadanía se estancaron y muchas personas rohingyas rechazaron este proceso por estar basado en la discriminatoria Ley de Ciudadanía de 1982.

Para solucionar el problema, el gobierno creó dos comités: el Comité Central para la Realización de la Paz, la Estabilidad y el Desarrollo del Estado de Rajine, establecido en mayo y presidido por Aung San Suu Ky, y la Comisión Asesora sobre el Estado de Rajine, establecida en agosto y presidida por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan.

Libertad de religión o de creencias

Se recrudecieron la discriminación, la intolerancia religiosa y el sentimiento antimusulmán, sobre todo tras los atentados de octubre en el estado de Rajine. Las autoridades no tomaron medidas efectivas para combatir la apología del odio religioso, ni llevaron ante la justicia a los autores de agresiones contra minorías religiosas.

En junio, un hombre resultó herido en la región de Bago cuando una turba atacó una mezquita y otros edificios musulmanes, que quedaron destruidos. El ministro principal de la región declaró a los medios de comunicación que no iban a emprenderse acciones contra los presuntos responsables.2 En julio, una muchedumbre atacó una sala de oración musulmana en el municipio de Hpakant (estado de Kachin). Cinco personas fueron detenidas en relación con el ataque, pero al concluir el año nadie había comparecido ante la justicia.

Conflicto armado interno

En agosto, el nuevo gobierno celebró la Conferencia de Paz de la Unión – Panglong del siglo XXI, que tenía por objeto promover el proceso de paz y que, previsiblemente, se convocaría en lo sucesivo cada seis meses. A ella asistieron militares, representantes de la mayoría de los grupos armados étnicos y el secretario general de la ONU.

Pese a estas iniciativas, en algunas partes del país continuaron los combates. Entre abril y septiembre, se intensificó el conflicto entre el Ejército Independentista Kachin y el ejército de Myanmar, que recurrió a ataques aéreos y bombardeos en los que murieron y resultaron heridos civiles. En septiembre, en el estado de Kayin estallaron combates entre la Guardia de Fronteras y el ejército de Myanmar por un lado, y un grupo escindido del Ejército Benevolente Democrático Karen por otro. En el estado de Rajine estallaron nuevos combates entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakan. En noviembre, la Alianza de Hermanos del Norte —nueva coalición de cuatro grupos armados étnicos del norte del país— lanzó ataques coordinados contra puestos de seguridad en los estados de Kachin y Shan-Norte. La coalición declaró que estos ataques eran su respuesta a las constantes ofensivas del ejército de Myanmar.

Siguieron recibiéndose noticias sobre violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en zonas de conflicto armado, entre ellas violaciones y otros delitos de violencia sexual, trabajos forzados, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, uso de minas terrestres y reclutamiento de niños soldados.

Al concluir el año, el ejército de Myanmar había licenciado a 101 niños y jóvenes.

Falta de acceso humanitario

A partir de abril, el gobierno restringió aún más el acceso de la ONU y de otros agentes y organismos de ayuda humanitaria a las comunidades desplazadas de zonas del norte del país que no estaban bajo a su control.3 Estudió incluso la posibilidad de imponer a las personas desplazadas de dichas comunidades la obligación de cruzar al otro lado del frente para recibir ayuda, medida que —de ser aplicada— habría violado el derecho internacional humanitario.

En el estado de Rajine, los organismos internacionales de ayuda humanitaria se veían obligados a pasar por engorrosos procedimientos para conseguir autorización para viajar hasta las comunidades vulnerables a las que pretendían prestar servicios. Tras los atentados de octubre en el norte del estado de Rajine, se suspendieron todos los servicios humanitarios, lo cual afectó a más de 150.000 personas. Aunque posteriormente estos servicios se reanudaron en algunas zonas, se calculaba que al concluir el año había aún 30.000 personas internamente desplazadas que no podían acceder a ayuda humanitaria de manera continuada debido a las operaciones de seguridad.

Personas refugiadas e internamente desplazadas

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en Myanmar había más de 250.000 personas internamente desplazadas. De ellas, más de 100.000 habían sido desplazadas por los combates en los estados de Kachin y Shan-Norte, y 150.000, la mayoría rohingyas, en el estado de Rajine.

En Tailandia seguían viviendo en nueve campos unas 100.000 personas refugiadas. En octubre se puso en marcha el primer programa piloto de regreso voluntario —auspiciado por los gobiernos de Myanmar y Tailandia, por el ACNUR (la agencia de la ONU para los Refugiados) y por otros organismos—, al que se acogieron 71 personas. Otras muchas personas refugiadas siguieron en Tailandia, pues decían tener miedo de volver a Myanmar.

Presos y presas de conciencia

El 8 de abril, una semana después de que el nuevo gobierno asumiera el poder, quedaron en libertad decenas de activistas estudiantiles, que permanecían en reclusión desde marzo de 2015. El 17 de abril, gracias a un indulto presidencial, fueron puestos en libertad 83 presos y presas, muchos de ellos de conciencia.4

No obstante, seguía habiendo personas encarceladas por motivos de conciencia, y continuaron las detenciones y los encarcelamientos por razones políticas. Decenas de personas fueron investigadas por “difamación en Internet” en aplicación de la ambigua Ley de Telecomunicaciones de 2013, a la que se recurría cada vez más para acallar las críticas pacíficas a las autoridades. En octubre, Hla Phone fue condenado a dos años de prisión por “difamación en Internet” e “incitación”, tras haber criticado en Facebook al anterior gobierno y al ejército de Myanmar.

Las personas que habían estado presas por motivos de conciencia siguieron sufriendo diversos problemas debido a las condiciones penitenciarias que habían soportado y a su condición de ex presidiarias, como falta de atención médica y psicológica, de acceso a la educación y de oportunidades de empleo. El gobierno no puso en marcha ningún programa de apoyo y rehabilitación dirigido a estas personas y a sus familias.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El nuevo gobierno empezó a revisar ciertas leyes represivas, y revocó la Ley de Protección del Estado, de 1975, y la Ley del Estado de Excepción, de 1950, que anteriores gobiernos habían utilizado para encarcelar a quienes los criticaban pacíficamente. Sin embargo, seguían en vigor otras leyes represivas que ponían a los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro de arresto y prisión por sus actividades pacíficas.5 El proceso de reforma jurídica adoleció de falta de transparencia, y el Parlamento no lo sometió debidamente a consulta entre la sociedad civil y las personas expertas en cuestiones jurídicas. La reforma propuesta de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas de 2012 no se ajustaba al derecho y las normas internacionales de derechos humanos.6 Un anteproyecto de ley sobre privacidad y seguridad contenía varias disposiciones que, de ser aprobadas, podrían restringir de manera arbitraria el derecho a la libertad de expresión y otros derechos.

Las autoridades siguieron intimidando, hostigando y vigilando a defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho y periodistas, que denunciaron que los habían seguido, los habían fotografiado cuando habían asistido a actos y reuniones, habían registrado sus domicilios y oficinas de madrugada o habían hostigado a sus familiares. Las defensoras de los derechos humanos estaban especialmente expuestas a actos de acoso e intimidación sexual.

Rendición de cuentas de las empresas

En octubre, el Parlamento aprobó una nueva Ley de Inversiones que carecía de disposiciones que protegieran a la población de los desalojos forzosos y del impacto de la contaminación provocada por las empresas.

En mayo se reanudaron las protestas en la mina de Letpadaung, tras haberse comunicado que ésta había empezado a producir cobre. Posteriormente se presentaron cargos penales contra dos de las lideresas de dichas protestas, que se enfrentaban a condenas de hasta cuatro años de prisión. El proyecto de Letpadaung tenía una larga historia de desalojos forzosos y actos violentos de represión de las protestas contra la mina, aunque nadie había rendido cuentas.

En octubre, el Ministerio de Industria renovó el permiso de actividad de la fábrica de ácidos Moe Gyo, que procesaba el cobre de las minas de Letpadaung y de Sabetaung y Kyisintaung (S&K). La renovación se produjo a pesar de la profunda preocupación que suscitaban los posibles efectos nocivos de la fábrica sobre la salud de quienes vivían en sus proximidades, y pese a la decisión de las autoridades municipales de Salyingyi de no renovar la licencia de la fábrica mientras no se hubiera evaluado su impacto sobre la salud y el medio ambiente.

Pena de muerte

No se llevaron a cabo ejecuciones, aunque los tribunales continuaron dictando condenas a muerte. En enero, el entonces presidente, Thein Sein, conmutó las condenas a muerte de 77 personas por cadena perpetua. En octubre, el Parlamento revocó la Ley del Estado de Excepción, de 1950, que prescribía la pena de muerte, pero persistieron otras leyes que contemplaban la pena capital.

Ausencia de rendición de cuentas

El marco institucional y legislativo seguía obstaculizando que se exigieran cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos, y dificultaba la tarea de impartir justicia y ofrecer verdad y reparaciones a las víctimas y a sus familias. La mayoría de las personas que habían cometido violaciones de derechos humanos, tanto en el pasado como en el presente, seguían eludiendo la justicia.

En enero, días antes de su disolución, el Parlamento aprobó la Ley de Seguridad de Ex Presidentes, que podría dotar de inmunidad a los ex presidentes en relación con los delitos cometidos durante su mandato, incluidos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional.7

En julio, en un gesto poco habitual que suponía el reconocimiento público de un acto indebido, el ejército admitió que siete soldados habían matado a cinco personas del estado de Shan-Norte, y comunicó que estaba en marcha un consejo de guerra. En septiembre, los soldados fueron condenados a cinco años de cárcel con trabajos forzados. Si bien esto representaba un paso adelante en la transparencia del ejército, ponía también de manifiesto la necesidad de reformar los sistemas de justicia militar y civil. De conformidad con la Constitución de 2008, el ejército seguía controlando sus propios procesos judiciales, incluso en los casos de violaciones de derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar seguía sin responder de manera efectiva a las denuncias de violaciones de derechos humanos, y carecía de independencia. En octubre, cuatro de sus integrantes dimitieron tras haber afirmado los medios de comunicación que habían llegado a un acuerdo económico extrajudicial en un caso de trabajo forzado infantil y malos tratos a menores.

Escrutinio internacional

Por primera vez en 25 años, la Asamblea General de la ONU no adoptó ninguna resolución sobre Myanmar, tras haber decidido la UE no presentar un proyecto de resolución. No se había aplicado por completo ninguna de las recomendaciones clave sobre derechos humanos formuladas en anteriores resoluciones.8

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar realizó dos visitas oficiales al país. Aunque su capacidad de acceso mejoró, denunció que las personas de la sociedad civil con las que se había reunido habían sido constantemente vigiladas y hostigadas. Además, afirmó que durante una reunión con una comunidad del estado de Rajine, había descubierto un dispositivo de grabación que un funcionario gubernamental había colocado en un lugar oculto.

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado del examen periódico universal de Myanmar. Aunque Myanmar aceptó más de la mitad de las recomendaciones, también rechazó recomendaciones clave sobre los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y sobre la situación de la población rohingya.9 En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por ciertas leyes discriminatorias, por las barreras que encontraban las mujeres y las niñas para acceder a la justicia y por su escasa representación en el proceso de paz.10

Aún no se había llegado a ningún acuerdo sobre el establecimiento en Myanmar de una sede local de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

  1. Myanmar: “We are at breaking point”. Rohingya: Persecuted in Myanmar, neglected in Bangladesh (ASA 15/5362/2016)
  2. Myanmar: Investigate violent destruction of mosque buildings (noticia, 24 de junio)
  3. Myanmar: Lift restrictions immediately on humanitarian aid (noticia, 24 de octubre)
  4. Myanmar: Continue efforts to release all remaining prisoners of conscience (ASA 16/3981/2016)
  5. Myanmar: New expression meets old repression: Ending the cycle of political arrests and imprisonment in Myanmar (ASA 16/3430/2016)
  6. Myanmar: Open letter on amending the Peaceful Assembly and Peaceful Procession Act in line with international human rights law and standards (ASA 16/4024/2016)
  7. Myanmar: Se insta a revocar o reformar nueva ley que podría garantizar inmunidad a los ex presidentes (noticia, 28 de enero)
  8. Myanmar: Why a UNGA resolution is still needed (ASA 16/4745/2016)
  9. Myanmar: Amnesty International calls on Myanmar to protect the rights of Rohingya and to release all prisoners of conscience (ASA 16/3670/2016)
  10. Myanmar: Briefing to the UN Committee for the Elimination of Discrimination against Women (ASA 16/4240/2016)
Irak, Siria

La historia del Daesh (ISIS)

Hemos traducido al castellano los súbtitulos de un vídeo elaborado por la televisión digital turca “TRT World” titulado “The history of Daesh (ISIS)” que insertamos al final de este texto. Lo hemos hecho porque nos parece que tiene la virtud de explicar en 6 minutos la evolución de este grupo desde su origen irakí, evolución que consideramos fundamental que conozca la opinión pública. Agradecemos la colaboración del KEM-MOC en la edición del subtitulado y la publicación en su canal de vídeo.

Como se ha insistido en aclarar por parte de activistas civiles muchas veces, y por la prensa en menos ocasiones, el gobierno de Asad liberó a muchos islamistas de sus prisiones en 2011 y 2012. Muchos de ellos se convirtieron en líderes importantes de los principales grupos yihadistas, entre ellos los líderes de Ahrar Ash-sham y Jaysh al-Islam y muchos de los líderes de Al Qaeda, o pasarían a formar parte finalmente del Daesh (ISIS).

También insertamos un vídeo de la videoconferencia organizada en Zaragoza con motivo de las jornadas “Ciudades en Pie de Paz. No a la guerra” en la que el periodista y arabista, Javier Martín, delegado de la agencia EFE para el norte de África, habla también de ese proceso de conformación del ISIS tal como lo detalla en su libro “Estado Islámico. Geopolítica del Caos”, donde también se evidencia la implicación del régimen de Asad en el reforzamiento de las opciones islamistas fundamentalistas violentas. Lo hacemos en el minuto preciso en el que se hace alusión a este tema, aunque toda la videoconferencia merece la pena ser visualizada.

En 2013, viendo que en los años precedentes esa acción de liberar a presos islamistas fundamentalistas de las cárceles ha funcionado en su estrategia de debilitar a los rebeldes, al crearles un nuevo frente, Asad repite la maniobra:

2013 Asad libera presos

Siria

En Siria, las vidas civiles no importan

LEILA AL SHAMI: “In Syria, Civilian Lives Don’t Matter”, Marzo de 2017

Publicado originalmente en ’Hummus For Thought’ (Joey Husseini Ayoub Ed.):

In Syria, Civilian Lives Don’t Matter

Traducción: Antimilitaristes-MOC València para insumissia


Desde la llegada de Trump al poder se ha producido una importante escalada en la intervención estadounidense en Siria, supuestamente para derrotar al ISIS.

Los Estados Unidos ya tienen cientos de efectivos de sus Fuerzas Especiales luchando en el terreno junto a las Fuerzas Democráticas de Siria y les dan respaldo con centenares de ataques aéreos. Ahora se ha desplegado una unidad de artillería de los Marines y se planea enviar más tropas de tierra.

Desde principios de este año hay informes diarios de civiles muertos durante los bombardeos estadounidenses contra pueblos y ciudades sirias. Algunos han dado lugar a matanzas en gran escala. El 16 de marzo, más de 40 civiles murieron, incluyendo niños, y más de 100 resultaron heridos en el pueblo de Al Jina, cerca de Alepo, cuando un ataque aéreo de Estados Unidos alcanzó la mezquita de Omar Ibn al-Khattab mientras la gente estaba allí reunida para la oración de la tarde.

Los Estados Unidos inicialmente negaron que el ataque estuviera dirigido contra una mezquita, afirmando que mató a militantes de Al Qaeda en una reunión. Esta afirmación fue respaldada por una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. “No tenemos ninguna duda de que los ataques aéreos de Estados Unidos iban dirigidos contra los terroristas,” según Maria Zakharova.

Activistas y personas sobre el terreno refutaban estas declaraciones mientras los voluntarios de protección civil de los Cascos Blancos trabajaban día y noche para sacar a las víctimas de los escombros. Las investigaciones sobre fuentes de dominio público, de Bellingcat, confirmaron que el lugar del ataque era de hecho una mezquita y publicaron fotos de fragmentos de misiles estadounidenses.

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Voluntarios de los Cascos Blancos buscan víctimas atrapadas por los bombardeos estadounidenses en Al Jina, Alepo

Unos días más tarde, el 22 de marzo, un ataque aéreo estadounidense alcanzó una escuela en Mansoura, Raqa. Hasta 100 familias desplazadas de Alepo estaban refugiadas en la escuela en ese momento. Según los informes, más de 150 personas murieron, en su mayoría mujeres y niños.

Las víctimas civiles de la Guerra de Trump Contra el Terror no se circunscriben a Siria. En Iraq los EE.UU. están en alianza con milicias kurdas e iraquíes para expulsar al ISIS de Mosul. La semana pasada un ataque aéreo estadounidense alcanzó tres edificios, masacrando a más de 200 civiles. Muchos permanecieron atrapados bajo los escombros durante días sin esperanza de rescate. En Yemen, en enero, un chapucero ataque de EE.UU. contra militantes de Al Qaeda finalizó con la muerte de decenas de civiles en un pueblo de Al Bayda. A principios de este mes, un helicóptero Apache mató al menos 42 refugiados somalíes al atacar un bote en la costa de Yemen. Estados Unidos está interviniendo en el Yemen en apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudita, ella misma responsable de crímenes de guerra.

Al mismo tiempo que Trump intesifica la guerra contra el ISIS, hay noticias de que su administración está tratando de modificar las actuales normas de combate, posiblemente para incorporar menores restricciones para las bajas civiles. Ciertamente, las víctimas de esta Guerra contra el terror superan con creces el número de víctimas causadas por el terrorismo mismo.

Según Airwars, que está vigilando los ataques aéreos de la coalición anti-ISIS en Siria e Iraq, 370 civiles murieron en la primera semana de marzo solamente. Airwars afirma también que enero fue el mes más mortífero para los civiles en Siria e Irak desde que comenzaron los ataques aéreos de la coalición, con un incremento de los bombardeos del 68 por ciento desde diciembre. Los miembros activos de la coalición también incluyen a Reino Unido, Bélgica, Francia, Dinamarca y Australia. Sin embargo, sólo EE.UU. realizó 502 ataques en Siria en enero, frente a 11 llevados a cabo por los otros miembros. En total, desde que la coalición interviene en Siria e Iraq, el número de civiles muertos es 2.715, resultado del lanzamiento de 72.771 bombas y misiles. Funcionarios estadounidenses han admitido incluso el uso de munición de uranio empobrecido, que pueden causar cáncer y malformaciones congénitas graves a las generaciones venideras.

El aspecto más notable de esta masacre de civiles a gran escala es el mortífero silencio de la comunidad mundial. La ’izquierda antiguerra’ sólo parece preocupada por las hipotéticas intervenciones que puedan dirigirse contra el tirano Bashar Al Assad, en lugar de las intervenciones reales que están destruyendo la vida de miles de inocentes. Assad, responsable de la mayoría de muertes de civiles en Siria, de centros de tortura a escala industrial y de gasear hasta la muerte a familias enteras mientras dormían, se presenta como el salvador de los males que ha causado, mientras que sus oponentes son mostrados en su totalidad como militantes yihadistas.

Esta ’izquierda’ ha adoptado sin reservas la narrativa de la ’Guerra contra el Terror’, promovida primero por el propio Assad, de una manera que avergonzaría a los neocons. No es sorprendente que el mundo a menudo vea a los refugiados sirios como potenciales terroristas cuando tales entendidos arguyen lo mismo, impidiendo la solidaridad con las víctimas del terror de estado. Algunos de estos llamados ’progresistas’ prefieren gastar su tiempo calumniando a los cooperantes que rescatan a las víctimas en lugar de denunciar los crímenes de guerra de EE.UU. y las incursiones imperiales. Algunos de ellos son los mismos que promovieron la candidatura de Trump para la presidencia como la opción supuestamente ’anti-intervencionista’.

“Estados Unidos está atacando bastiones de ISIS’”, a los medios de comunicación les gusta contarnos. Sin embargo, decenas de miles de civiles permanecen atrapados en Raqa bajo la brutal ocupación de ISIS. Alrededor de 400.000 están bajo asedio en Mosul, entre ellos unos pocos miles de militantes del ISIS, y los alimentos y suministros de agua se están agotando. No sólo están en riesgo de que las bombas destrocen sus vidas, sino que muchos temen las represalias de las milicias recién llegadas, que podrían ver a los civiles como simpatizantes del ISIS.

El terrorismo no será ser derrotado por las bombas extranjeras. Cada civil asesinado únicamente produce más ira, dolor y desesperación y alimenta la narrativa que grupos como el ISIS desean promover. Numerosos países intervienen ahora en el campo de batalla sirio, contribuyendo a la matanza en gran escala. Los activistas contra la guerra deben exigir la salida de todas las fuerzas extranjeras y que los autores de crímenes de guerra rindan cuentas.

Irak, Siria

Ciudades en Pie de Paz. No a la guerra. Bagdad, Atocha, Alepo…

Hace 14 años salimos a la calle para decir no a una guerra criminal, como todas, pero aún más absurda y estúpida, y que finalmente decidirían lanzar un 20 de marzo. Hoy, de hecho, pagamos la sinrazón de aquella guerra en Irak: así lo comprobamos un funesto 11 de marzo aquí mismo, pero las consecuencias continúan más allá de las violentas repercusiones que tuvo en nuestra propia sociedad: los años de guerra, las dinámicas de ocupación de aquel país, las prácticas abusivas en represión y torturas, etc. Pero, además de la delicada situación en Irak, no se puede entender el terrorismo brutal del ISIS, cuyas raíces brotaron allí, sin volver la vista atrás: Sí, sin esa guerra y sin esa ocupación, quizá no existiría el ISIS y, si existiera, su papel sería mucho menor y con menos incidencia. La guerra no es solo un crimen. A menudo, abre más frentes, genera mucho sufrimiento y en vez de ‘resolver’ los conflictos, los agranda, amplifica y enquista.

Los antecedentes de estas guerras de Siria e Irak son lastres procedentes de las tres guerras del Golfo: primero la de Irán-Irak en 1980-88, luego la de Irak entre 1992 y 1993, en la que  participa una fuerza multinacional en la que se incluye España, e impone  un cruel embargo a su población, y la última la 3ª Guerra del Golfo en Irak en 2003, en la que una coalición  anglo-estadounidense invade Irak y desmantela su Estado, con el  apoyo y consentimiento tácito de la UE (explícito en el caso de España), y con el objetivo prioritario de hacerse con su riqueza petrolífera, como en su momento denunciamos, y luego se ha demostrado. Mientras, otros intereses económicos eran, y siguen siendo, gestionados más discretamente por gobiernos occidentales, como el español, a traves de guerras esparcidas por toda África, en muchas de las cuales tiene situada la mayoría de sus misiones internacionales el ejército español. Un continente de donde surgen luego los flujos migratorios que tan atrozmente despreciamos y maltratamos en ese otro muro de la frontera sur europea. Y una zona, la de Oriente próximo, a la que el estado español ha vendido, y vende armas, lo que contribuye a convirtirlo en el 7º exportador mundial en ese ámbito.

Hace 6 años nos volcamos en las plazas para expresar  nuestra indignación por la crisis económica, y la gestión que se hizo de ella: socializando costes, privatizando beneficios. Y por la  deslegitimación progresiva de un sistema político que parece gobernar para el mantenimiento de los privilegios de unos pocos mientras se desentiende del sufrimiento de muchas y muchos. En aquél mismo momento, los jóvenes y sectores populares salían a la  calle en el mundo árabe para reivindicar libertades y justicia social: demostraban que esa visión tan paternalista (y, en parte, racista y colonial) según la cuál en los países árabes la gente quería y necesitaba  regímenes fuertes para  garantizar el orden, aún a costa de la limitación de derechos y libertades, era falsa: en Túnez, en Egipto, en Yemen, en Siria, en Bahrein, etc. mucha gente salió a la calle para exigir otro trato y más futuro. En una palabra, “karama”, dignidad. Sin duda, la lucha por la justicia y la libertad es un proceso largo: esas  revoluciones ni terminaron ni se concretaron, pero existieron, empoderaron a mucha gente y permitieron pensar en otros futuros posibles.

Pero aquella esperanza de cambio amenazaba intereses muy poderosos cuyos representantes se pusieron en marcha desde el primer momento para ahogar el sueño de las plazas y las calles. La situación más dramática, sin duda, se ha producido en Siria, tras las primeras protestas pacíficas que arrancaron el 15 de marzo de 2011: la brutal represión del gobierno de Al-Asad sobre la población, la militarización del conflicto, las interferencias de las potencias regionales y mundiales (movidas por sus propios intereses, no por solidaridad) han llevado al país a una devastación absoluta y a una crisis humanitaria sin precedentes en los últimos años. Hay que poner fin a la barbarie, cesar los bombardeos y los exterminios, exigir responsabilidades por todos los crímenes y vulneraciones de derechos humanos cometidos, sin excepción, y afrontar una difícil pero inevitable transición hacia una Siria libre y en paz.

Las poblaciones civiles de la zona en su inmensa mayoría han reaccionado de forma pacífica ante  estas agresiones. Ni siquiera la situación de ataques continuados y  deliberados contra civiles, la miseria material y espiritual por tantas  guerras y la humillación constante dentro y fuera de sus países han  quebrado su determinación a resistir en pie de paz, y necesitan nuestro  apoyo material y moral para seguir haciéndolo.

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*(Las Palmas de Gran Canaria, e Iruña, se movilizaron el día 10, Barcelona y Madrid lo hacen el 18)


    
Hace un año nos manifestábamos, como hemos recordado hace poco, contra una Europa insolidaria que participa en guerras, fomenta el militarismo, apoya a regímenes impresentables, hace negocios con dictadores y  criminales y que, luego, ante la llamada de las personas que buscan refugio… les cierra las puertas, subcontrata a países sin ninguna garantía democrática la vigilancia de sus fronteras y practica una auténtica guerra de frontera, a cuyo amparo crece el discurso xenófobo de la extrema derecha, aupada por la llegada de Trump a la Casa Blanca. Una guerra de frontera que vulnera los derechos   de la gente más desposeida  y, a la vez, impulsa una deriva autoritaria que amenaza las libertades de todas y todos. Europa debe afrontar sus responsabilidades y garantizar un derecho de asilo del que se benefició hace décadas. Y debe trabajar seriamente en la superación de los conflictos que generan tantas y tantas personas desplazadas internas y externas sin rumbo, y algunas finalmente refugiadas, cuyo número es el que, en ese caso, debería aumentar. 
    
Hoy, volvemos a salir a la  calle.
    

Para exigir dignidad. Más y mejor democracia, no menos.

Para combatir la islamofobia y exigir plenos derechos y libertades para tod@s.

Para criticar que los medios  de comunicación imponen la desinformación, en el mejor de  los casos, o la contrainformación, en la mayoría de ellos.

Para exigir paz. Basta de guerras absurdas y  criminales. Basta de invertir en gasto militar. Basta de un comercio de armas lucrativamente criminal.  Rechazamos y denunciamos ferias de armas como el “Salón Internacional de Tecnología en Seguridad y Defensa-HOMSEC”, que se celebra nuevamente este mes de marzo en Madrid.

Para mostrar solidaridad con las personas, sociedades y pueblos que reclaman su dignidad y respeto.

Para solidarizarnos con la población civil de toda la zona que sufre en las distintas guerras y con los objetivos iniciales de la revolución en Siria que deseamos para todos los pueblos: justicia y libertad.

Para denunciar que países de la UE bombardeen y den cobertura a ataques contra la población civil iraquí y siria, entre ellos el  nuestro.

Para  reclamar el fin de la impunidad y que el régimen de Al-Asad, sus aliados y las potencias internacionales, EEUU y Rusia, así como Israel, Arabia Saudí o Irán, sean condenados por sus crímenes contra la población.

Convocatorias para el domingo 12 de marzo

Elche

Elche

Valencia

Valencia

Zaragoza

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En el aniversario de las protestas globales contra la guerra de Irak, nace la “Coordinadora 12-D En Pie de Paz”

Hoy 15 de febrero de 2017, en el aniversario de las movilizaciones globales contra la guerra de Irak, hacemos pública la decisión de convertir en estable la coordinación de grupos y personas que se movilizaron el pasado mes de diciembre, mediante concentraciones en una treintena de ciudades, contra la guerra de Siria y “las guerras olvidadas”.El nombre de esta iniciativa será Coordinadora 12D “En Pie de Paz” en recuerdo del día que se convocaron esas concentraciones.

La próxima actividad de “En Pie de Paz” consistirá en una nueva movilización, esta vez el 12 de marzo, (aniversario del inicio de la “Marcha de la sal” de Gandhi en la India y del referéndum de la OTAN en España), como denuncia de las desastrosas consecuencias de la guerra de Irak (20 de marzo de 2003) en la exacerbación del terrorismo y de la influencia negativa que la descomposición de la zona ejercería en Siria tras las protestas pacíficas contra el gobierno de Assad, iniciadas también a mediados del mes de marzo de 2011.

La Coordinadora 12-D “En Pie de Paz” quiere resaltar que en las movilizaciones globales contra la guerra de 2003 el movimiento pacifista ya advirtió del impredecible panorama que abriría el hecho de no apostar por opciones constructivas y pacíficas para la resolución de los conflictos, opciones que preservaran los derechos humanos y contribuyeran a alcanzar la justicia social en todo Oriente Medio y en el resto del planeta.

Así mismo, la coordinadora está implicada en el impulso de la movilización que a nivel europeo organiza “Pasaje seguro para los refugiados” el próximo 26 de febrero bajo el lema “No a la Europa fortaleza, ¡acogida ya!”, cuyo anticipo será la manifestación masiva prevista en Barcelona el próximo sábado 18 de febrero con el lema “Volem acollir” (“Queremos acoger”) organizada por “Casa Nostra, Casa Vostra”, que ha recogido ya más de 65.000 apoyos ciudadanos online.

Esta coordinación pretende alentar, además, denuncias legales colectivas contra la UE por el incumplimiento de las normativas y leyes internacionales sobre población en busca de refugio, que huye de la guerra, para cuya acogida exige, precisamente, el desvío de presupuestos dedicados al gasto militar.

Algunos de los colectivos, grupos y entidades que participan en la Coordinadora 12D “En Pie de Paz” son:

Alternativa Antimilitarista.MOC Las Palmas
Asociación ciud. Ayuda al refugiado Cantabria Actúa
Colectivo Indignado de Valladolid
Colectivo para la Paz y Bienvenidxs Refugiadxs Toledo
Fundipau (Fundación por la Paz) Barcelona
Mambrú-Alternativa Antimilitarista.MOC Zaragoza
Mujeres de negro contra la Guerra de Toledo
Obrim Fronteres Valencia
Plataforma de ayuda a personas refugiadas sirias Elche
Plataforma Bienvinguts Refugiats Menorca
Plataforma Refugiados Extremadura de Plasencia
SOS Refugiados Ibiza
Transformando Futuros Cantabria
Zaragoza Acoge-Bienvenidxs Refugiadxs

https://enpiedepaz.org

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Coordinamos nuestra esperanza

Mañana 15 de febrero de 2017, en el aniversario de las movilizaciones globales contra la guerra de Irak, se hará pública la decisión de convertir en estable la coordinación de grupos y personas que se movilizaron el pasado mes de diciembre, mediante concentraciones en una treintena de ciudades, contra la guerra de Siria y “las guerras olvidadas”. El nombre de esta iniciativa será Coordinadora 12D “En Pie de Paz” en recuerdo del día que se convocaron esas concentraciones.