Insistimos en la necesidad de rechazar el intento de re-militarizar fronteras y reprimir migraciones como pretendida forma de resolver un problema de seguridad humana (según el concepto acuñado por el PNUD de la ONU) y justicia social global: la engañosa promesa de “acogida europea” de Sánchez en medio de la presión mediática iniciada este verano suena a más de lo mismo desde la óptica de la defensa de los derechos humanos en Marruecos. Mientras que ciertas actitudes de las personas migrantes en los intentos de salto a la valla suenan, en este caso, a una reacción humanamente comprensible a los maltratos, muertes y deshumanización. De hecho, fueron diversas redadas en Marruecos las que aceleraron el salto a la valla de Ceuta durante la Fiesta del Cordero, como ha denunciado expresamente algún medio de comunicación.

Quienes saltaron fueron, una vez más, personas desesperadas buscando una salida, a las que se les maltrata, en vez de ayudar. Pero, además, que se manipulen la información ciertos factores en esos saltos (por ejemplo, al calificar de cal viva -con el que migrantes supuestamente pretendderían quemar a las fuerzas del orden- un tipo de polvo similar al que usan todo tipo de deportistas en gimnasia, que las personas migrantes emplean en este caso para no resbalarse al trepar por la valla) no tiene otro objetivo que distraer del debate esencial.

Porque denunciamos detenciones arbitrarias, desalojos, y desplazamientos masivos en Marruecos. Denunciamos los arrestos, deportaciones e incluso muertes de migrantes que se están produciendo estos días tras la promesa de fondos para controlar la migración formulada desde la Unión Europea.

#StopRedadasMarruecos #DDHHMarruecos

Decenas de organizaciones denuncian recientes violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas migrantes en Marruecos

Más de cincuenta organizaciones, asociaciones y colectivos del Estado español especializadas en la defensa de los Derechos Humanos, del derecho al refugio, o de la paz y la convivencia se han sumado estos días al llamamiento de la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos (AMDH) y otras organizaciones marroquíes, para denunciar los arrestos, deportaciones e incluso muertes de migrantes que se están produciendo tras la promesa de fondos para controlar la migración formulada desde la Unión Europea. Denuncian enérgicamente los atentados contra la vida, la dignidad y los Derechos Humanos tanto de la población marroquí como de las personas migrantes que atraviesan Marruecos, donde son sistemáticamente maltratadas, violadas, fruto de trata y comercio de personas e incluso impunemente asesinadas.

De hecho, alrededor de 1800 personas han sido arrestadas en la última semana en redadas llevadas a cabo con equipos pesados antidisturbios y helicópteros. Estas actuaciones violentas de las fuerzas de seguridad, alejadas de las leyes y convenios internacionales del Reino de Marruecos, han culminado con la reciente muerte de dos jóvenes -entre ellos un menor- durante las redadas en el norte de Marruecos, en una campaña generalizada de irrupción por la fuerza en hogares de migrantes y locales de las organizaciones de Derechos Humanos, desmantelamiento violento de los campamentos, detenciones arbitrarias, así como expulsiones y movilizaciones forzosas y colectivas hacia desiertos del este y el sur del país.

Las organizaciones constatan el incremento de violaciones flagrantes de los derechos y libertades fundamentales de personas de origen subsahariano por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, especialmente a raíz de la promesa de Ángela Merkel y de Pedro Sánchez de inyectar al régimen alauita de al menos 150 millones de euros del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, un  fondo cuyo fin es acabar con las causas profundas de las migraciones y que, paradójicamente, sirve tanto para perseguir y acosar a defensores de derechos humanos como para abandonar en mitad del desierto a aquellos ciudadanos africanos que huyen de la miseria, el horror y la guerra en sus países.

Dichas organizaciones se adhirieron al comunicado con las demandas que plantea la AMDH al Gobierno de Marruecos, al constatar en las últimas semanas el incremento de violaciones flagrantes de los derechos y libertades fundamentales de personas de origen subsahariano por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Incremento ocasionado especialmente a raíz de la promesa de Ángela Merkel y de Pedro Sánchez de inyectar al régimen alauita de al menos 150 millones de euros del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, un  fondo cuyo fin es acabar con las causas profundas de las migraciones y que, paradójicamente, sirve tanto para perseguir y acosar a defensores de derechos humanos como para abandonar en mitad del desierto a aquellos ciudadanos africanos que huyen de la miseria, el horror y la guerra en sus países.

Por otro lado, estas intervenciones violentas golpean por igual a todos las personas migrantes subsaharianas que se encuentran actualmente en territorio de Marruecos, independientemente de tener o no permiso de residencia, llegando incluso a separar a niños de sus madres, en un claro ejemplo de racismo y xenofobia promovidos desde el mismo Estado marroquí. Estas personas han visto cómo sus bienes, documentos y dinero han sido confiscados o destruidos.

 

Por todo ello, desde la Coordinadora 12D “En Pie de Paz”, en línea con lo expresado por la AMDH y otras organizaciones marroquíes y del Estado español manifestamos lo siguiente:

  • Exigimos al gobierno marroquí que respete plenamente sus compromisos internacionales en materia de garantía de los Derechos Humanos Fundamentales, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, el Estatuto de los Refugiados y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
  • Denunciamos la muerte de dos jóvenes migrantes en el marco de las redadas, esposados y fuertemente golpeados, y exigimos la investigación criminal de ambos delitos. Estas dos muertes se suman a las de otras 60 personas más que han llegado al hospital Hassani de Nador en estos últimos siete meses, y que continúan todavía sin identificar en su gran mayoría.
  • Condenamos la extrema violencia ejercida sobre personas migrantes subsaharianas por las fuerzas de seguridad marroquíes, y exigimos al Reino de Marruecos el fin de las redadas abusivas y sin previo aviso de los campamentos de migrantes, la investigación de las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de su policía y Fuerzas Auxiliares marroquíes durante estas redadas.
  • Exigimos la adecuación a derecho y revisión con garantías procesales de la detención de más de 1.800 personas en esta última semana, el fin de las expulsiones y deportaciones masivas que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo en las ciudades cercanas a Ceuta y Melilla -sobre todo en Tánger y Nador- hacia zonas desérticas y minadas, donde pueden ser víctimas de violencia, y muy especialmente de las mujeres embarazadas y menores no acompañados, pues les sitúan en condiciones de precariedad extrema y peligro por su vida, aumentando su vulnerabilidad hacia la explotación y trata de personas, además de agresiones físicas y sexuales.
  • Rechazamos el acuerdo sobre migraciones suscrito por la Unión Europea y el gobierno de Marruecos, pues tal como declara la Red Española de Migración y Ayuda al Refugiado, no tiene otro objetivo que el refuerzo de las fronteras, y que pasa por alto el respeto a los Derechos Humanos, toda vez que los fondos transferidos van a ser utilizados sin control ni transparencia.
  • Hacemos un llamamiento a la Unión Europea, a sus instituciones y países miembros, a retomar la senda de cumplimento y vigilancia de los Derechos Humanos, La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. así como los acuerdos y compromisos internacionales en materia de Asilo y Refugio.
  • Denunciamos el papel de sumisión desempeñado por el Estado de Marruecos hacia la Unión Europea, a merced de sus decisiones políticas a cambio de contraprestaciones económicas, así como la falta de políticas de cooperación al desarrollo y de integración de las personas migrantes en su sociedad.
  • Exigimos al Reino de Marruecos la adaptación de la Ley Nº 02-03, sobre la entrada y estancia de extranjeros, a las disposiciones de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como a las obligaciones internacionales de todo país en materia de derechos humanos. En este sentido, exigimos que se despenalice la migración irregular, ya que esta nunca puede ser considerada como delito.
  • Exigimos el cese inmediato de expulsiones y deportaciones colectivas de las personas migrantes que se encuentran en su territorio sin ninguna garantía procesal y de respeto hacia su integridad física, psicológica y moral, especialmente de las mujeres embarazadas y menores no acompañados en zonas desérticas y minadas y en lugares en que pueden ser víctimas de violencia, en particular de violencia sexual en el caso de las mujeres, en condiciones de precariedad que aumentan su vulnerabilidad a la agresión y la explotación.
  • Instamos al Gobierno de Marruecos al establecimiento de un Sistema Nacional de Asilo y Refugio, acorde a La Convención sobre el Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas.
  • Demandamos al Consejo Nacional de Derechos Humanos del Reino de Marruecos que asuma sus responsabilidades y garantice los derechos de las personas migrantes ofreciéndoles mecanismos y recursos para una vida segura y decente mientras permanezcan en su territorio, así como canales y protocolos de defensa ante el abuso de poder o la violación de sus derechos.
  • Exigimos que las personas migrantes en territorio marroquí tengan acceso a mecanismos de denuncia independientes, a servicios de asesoramiento jurídico y a intérpretes; que el Estado marroquí vele por que todo acto de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, así como todo atentado contra la vida de los trabajadores migratorios, sea indagado e investigado, y que se asegure de que los responsables sean juzgados y condenados de manera adecuada.
  • Exigimos al Estado de Marruecos que adopte medidas efectivas para asegurar a los trabajadores migratorios y a sus familiares, incluidos los que estén en situación irregular, el acceso a la atención médica de urgencia, así como a los servicios sanitarios básicos.
  • Exigimos a las autoridades marroquíes un compromiso sincero y sin ambigüedades en la lucha contra las redes de trata de personas en su territorio con fines de explotación laboral y sexual, especialmente de mujeres y niños, así como de tráfico de inmigrantes, por lo que instamos al Estado a elaborar de urgencia una ley relativa a la lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas.
  • Exigimos la colaboración y el cese de trabas y restricciones por parte de las autoridades marroquíes a la labor de investigación de los diferentes organismos de Naciones Unidas y de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, tal y como han denunciado desde las Naciones Unidas hasta HRW, Amnistía Internacional y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.
  • Exigimos una actitud sincera del Estado de Marruecos hacia el cese de discriminación racial y de representaciones racistas en los medios de comunicación marroquíes, y que adopte sin demora medidas eficaces para combatir la estigmatización social y racial de las personas de origen subsahariano, como una necesaria ley contra el racismo y contra toda discriminación racial, así como campañas de sensibilización y educación a ese respecto.

Declaramos nuestra absoluta solidaridad con las reclamaciones de personas migrantes y refugiadas en territorio marroquí, a la vez que les aseguramos que estaremos vigilantes, junto a los pertinentes organismos internacionales y las organizaciones internacionales y nacionales de Marruecos, para que les sean reconocidos plenamente todos sus derechos y libertades exigiendo, en virtud de la normativa internacional y de Derechos Humanos, su libertad inalienable de residencia y de movimientos.