«¿No es hora ya de dejar atrás la guerra contra el terror?» es un artículo de
Kareen Greenberg
TomDispatch.com
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Nota de enpiedepaz.org:
El artículo que traemos hoy aquí no es ni de lejos un decálogo de virtudes pacifistas ni mucho menos antimilitaristas, pero tiene la peculiaridad de que una experta jurídica expone en él ordenadamente los más potentes y fundamentales cambios que introdujo y ha mantenido en las leyes de Estados Unidos la Casa Blanca desde 2001 usando como justificación la denominada «Guerra contra el terror». Deriva que Karen Greenberg, una de las mayores expertas de ese país en Guantánamo, la tortura y el terrorismo, con un profundo conocimiento de las administraciones de Bush y Obama, no ha dejado de denunciar desde hace 20 años.
En un contexto en el que, expone en la introducción el coordinador del blog que aloja el artículo original en inglés, las señales no serían muy esperanzadoras en lo que se refiere a la política exterior americana, sugiere la autora, por eso mismo, observar con detalle hasta qué punto avanza o no en los primeros 6 meses el gobierno de Biden en la anunciada estrategia de «dejar atrás la guerra global contra el terrorismo».
Viñeta de Carlos Latuff
Introducción de Tom Engelhardt
Si el 10 de septiembre de 2001 me hubieran dicho que mi país, que desde 1979 hasta 1989 había librado una guerra secreta contra la Unión Soviética en Afganistán (¡y en todas partes!), iba a ponerse a luchar allí una segunda guerra a escala total durante los próximos 20 años, con hasta 100.000 soldados sobre el terreno, habría pensado que estaban locos. Si ese día me hubieran dicho -en serio- que Estados Unidos, en 2002, establecería una prisión en Cuba a cargo del ejército estadounidense, donde los prisioneros de una «guerra global contra el terrorismo» podrían ser llevados por cualquier cosa menos una versión de la justicia totalmente estadounidense, habría pensado que estaban bromeando. Si también hubieran vaticinado que seguiría abierta 19 años después, me habría reído en su cara. Si ese día me hubieran dicho que, gracias al desarrollo de algo llamado avión pilotado a distancia, o dron, un presidente estadounidense se convertiría funcionalmente en un asesino-en-jefe, me hubiera limitado a negar con la cabeza y me habría marchado. Si ese mismo día me hubieran asegurado que, en marzo de 2021, la Casa Blanca seguiría librando esas guerras con “autorizaciones” del Congreso de 18 o 19 años que no autorizaban nada que se les pareciera, les habría tildado de auténticos chiflados.
¿Qué hará la nueva administración, la cuarta desde aquel día de aquel septiembre, al respecto?
Si, en aquel entonces, me hubieran revelado que el mundo iba a convertirse en esto que vemos, quizás lo único que podría haber creído, dada mi propia experiencia con la guerra de Vietnam (y mis recuerdos de la infancia de la guerra de Corea), era que el ejército de los EE. UU. iba a librar conflictos en tierras lejanas durante casi dos décadas sin ganar ninguno de ellos. Y, sin embargo, por supuesto, todo lo anterior se ha cumplido y, de hecho, todavía está en marcha. La pregunta en la que se centra hoy Karen Greenberg, colaboradora habitual de TomDispatch y experta en la guerra contra el terrorismo, es: ¿Qué hará la nueva administración, la cuarta desde aquel día de aquel septiembre, al respecto?
En lo que se refiere a la política exterior las señales no son muy esperanzadoras
En lo que se refiere a la política exterior, a diferencia de la nacional, las señales no son muy esperanzadoras. Después de todo, el presidente Biden acaba de abrir determinadas relaciones futuras con una de las dos «amenazas casi iguales» de este país (como al ejército estadounidense le gusta llamarlas) al manifestar públicamente que Vladimir Putin era un «asesino» sin alma. Mientras tanto, su secretario de estado y asesor de seguridad nacional tuvo una reunión claramente peliaguda en Alaska con sus homólogos chinos de esa otra amenaza cercana, China. Agreguen esto también: el líder, que ya ha dicho que retirar las últimas tropas estadounidenses de Afganistán para el 1 de mayo, como acordó llevar a cabo el presidente Trump, será “difícil”, está evidentemente sopesando una fecha alrededor, como pronto, de noviembre. Aun así, como sugiere Greenberg, también hay unos cuantos signos modestamente esperanzadores y, con tantas cosas que en este mundo nuestro están en el aire (por así decirlo) y con algunos de esos drones en tierra por el momento, quizá debiéramos darle una oportunidad a la administración de Biden, siquiera durante unos meses para ver lo que nuestro nuevo presidente puede (o no puede, o no quiere) hacer. Tom.
¿No es hora ya de dejar atrás la guerra contra el terror?
Registro después de seis meses
En los primeros dos meses de la presidencia de Joe Biden, podía sentirse cómo el país contenía la respiración. Refugiados en nuestro propio lugar, escondidos detrás de las mascarillas, sin saber si confiar en un futuro a salvo de una pandemia, estamos empezando a abrir los ojos colectivamente. Como parte de este resurgimiento, una gama más amplia de problemas, los que están más allá de la covid-19, están comenzando una vez más a entrar en la conciencia pública. A nivel nacional, los intentos de reprimir (o preservar) los derechos de voto han consumido a los y las activistas y han dominado los titulares, junto con la carencia de infraestructuras de este país y la necesidad de aumentar el salario mínimo. La agenda de asuntos exteriores no se queda atrás. Desde las crecientes rivalidades de las grandes potencias, en particular con China y Rusia, hasta los ataques cibernéticos como los hackeos a Solarwinds, que afectó a agencias de todo el gobierno, o la cuestión de si las tropas estadounidenses saldrán de Afganistán, un número creciente de problemas se ciernen sobre la administración, el Congreso y el público en los próximos meses.
En el frente interno, la respuesta a la nueva administración (y especialmente a su proyecto de ley de ayuda covid-19 de 1,9 billones) ha sido un suspiro colectivo de alivio -así como muchos elogios, junto a feroces ataques republicanos partidistas- porque la agenda de reformas se está implementando a nivel nacional. En el ámbito de los asuntos exteriores, sin embargo, las críticas han sido rápidas y duras, debido a varias acciones tempranas de la administración.
…los intentos de reprimir (o preservar) los derechos de voto han consumido a los y las activistas
El 25 de febrero, por orden del presidente, Estados Unidos lanzó un ataque aéreo en Siria contra una milicia respaldada por Irán, matando a 22 personas. El 26 de febrero la administración publicó un informe de inteligencia que señalaba con el dedo al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por el asesinato del columnista del Washington Post, Yamal Khashoggi, seguido del anuncio de que, si bien habría sanciones contra ciertas personas cercanas al príncipe, no habría represalias contra él. El columnista del New York Times, Nicholas Kristof, calificó la ausencia de un castigo fuerte contra MBS como algo parecido a dejar que “el asesino siga adelante”, sirviendo de ejemplo a otros “dictadores matones” en años venideros.
Mientras tanto, todavía hay, en el mejor de los casos, bastante indecisión sobre si Estados Unidos retirará sus últimas tropas de Afganistán antes de la fecha límite del 1 de mayo, establecida durante la administración Trump como parte de un acuerdo con los talibanes. El presidente Biden calificó recientemente el cumplimiento de esa fecha como algo “complicado”. Otros han denominado la vacilación sobre la fecha límite del 1 de mayo como un paso hacia una escalada de violencia, y “más muertes aún” en una “guerra imposible de ganar” de casi 20 años. La administración Biden ha propuesto ahora noviembre como una fecha límite más “razonable”.
…hay bastante indecisión sobre si Estados Unidos retirará sus últimas tropas de Afganistán
Si bien cada uno de estos actos (o la falta de ellos) debe ser examinado a la luz de las lecciones del pasado, precipitarnos a condenar podría no ser de utilidad. Sí, habría sido más satisfactorio que la administración hubiera dicho: “Responderemos a su debido tiempo y a nuestra manera”, en cuanto al asesinato de Khashoggi. Sí, hubiera sido esperanzador ver una nueva política de drones a gran escala antes de cualquier ataque futuro. Sin embargo, la nueva administración tardará algún tiempo en resolver los problemas que conllevan, descubrir qué promesas, acuerdos y amenazas impusieron los predecesores y evaluar la trascendencia de los planes para una nueva agenda. Mi propia sugerencia: ¿Por qué no establecer una agenda de expectativas y objetivos –una lista de imperativos si así lo desean- y luego volver a examinarla tras un tiempo relativamente corto, quizás seis meses después de la toma de posesión del presidente Biden del 20 de enero, para evaluar lo que realmente ha conseguido desarrollarse?
Teniendo en cuenta el mundo caótico y problemático en el que vivimos, la lista de cosas que hay que hacer es ya larga, pero aquí va mi propia lista personal de tres, todas relacionadas con un tema que he seguido de cerca durante casi las últimas dos décadas: la guerra contra el terror y cómo ponerle fin.
Tres formas de empezar a poner fin a la guerra contra el terror
La administración Biden ha ofrecido su propia lista de prioridades y desafíos. Al establecer su agenda de seguridad nacional, el presidente ha instado a su administración a “comprometerse con el mundo una vez más, no para enfrentar los desafíos de ayer, sino los de hoy y los de mañana”. En un nuevo documento de estrategia: “Renovación de las ventajas de Estados Unidos: Orientación estratégica provisional de la seguridad nacional», su administración ha dejado razonablemente claras sus prioridades: el desarrollo de una estrategia multidimensional, liderada por la diplomacia y el multilateralismo (aunque no contraria al uso “disciplinado” de la fuerza si fuera necesario), junto a un compromiso primordial con el fortalecimiento de la democracia en el país y en el extranjero.
Entre las prioridades establecidas en esa estrategia hay una que –en caso de llevarse a cabo con éxito– debería ser un alivio para todos nosotros: dejar atrás la guerra global contra el terrorismo. “Estados Unidos no debería, y no lo hará, emprender ‘guerras para siempre’ que han costado miles de vidas y billones de dólares”, se afirma en el documento, apuntando al fin de “la guerra más larga de Estados Unidos en Afganistán”, así como de la guerra en el Yemen, y ayudar a poner fin a los “conflictos más mortíferos de África e impedir la aparición de otros nuevos”.
…expongo los conceptos básicos a verificar pasados seis meses
Estos objetivos relacionados con la guerra contra el terrorismo no son solo alentadores, sino que son claramente alcanzables si se mantienen al frente de la agenda de política exterior estadounidense. Sin embargo, para lograrlos, habría que erradicar los restos institucionales de la guerra contra el terrorismo. Pero, en la parte superior de cualquier lista a tal fin están los persistentes poderes de guerra otorgados al presidente; la autoridad para cometer “asesinatos selectivos” mediante drones en cada vez más lugares por todo el mundo; y la existencia de ese símbolo de injusticia: la prisión establecida por la administración Bush en 2002 en la bahía de Guantánamo, Cuba. La eliminación de esas políticas fundamentales de guerra contra el terrorismo es esencial si queremos avanzar hacia una era en la que la seguridad nacional coexista con el Estado de derecho y el cumplimiento de las normas constitucionales.
Por tanto, aquí, respecto a esos tres temas, expongo los conceptos básicos a verificar pasados seis meses, a finales de junio de 2021.
Autorizaciones para el Uso de la Fuerza Militar
En lo que a mí respecta, el primer indicador, transcurrido ese plazo de seis meses, para la administración Biden debería ser la derogación de las Autorizaciones del Congreso para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés) de 2001 y 2002, autorizaciones que otorgaron al presidente el derecho de continuar con los conflictos en nombre de la guerra contra el terror sin tener que recurrir al Congreso. Tres presidentes durante los últimos casi 20 años confiaron cada vez más en esa supuesta autoridad para expandir la guerra contra el terrorismo en la forma que creyeran conveniente.
La primera de esas AUMF, aprobada en el Congreso con una asombrosa unanimidad (sin el valiente voto “no” de la representante demócrata por California Barbara Lee, pocos días después del 11 de septiembre de 2001), autorizaba al presidente a “usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que él determinase que habían planeado, autorizado, cometido o ayudado en los ataques terroristas que se produjeron el 11 de septiembre de 2001, o que albergaron a dichas organizaciones o persona”. La segunda autorizaba al presidente a usar la fuerza “según lo considere necesario y apropiado” para contrarrestar la (supuesta) amenaza que representaba Iraq para la “seguridad nacional de Estados Unidos” y “para hacer cumplir todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Iraq”; una referencia a la vigilancia y cumplimiento de las armas de destrucción masiva. Ambas AUMF proporcionaron una base para futuras decisiones bélicas unilaterales que excluían al Congreso y, en tal sentido, suplantaban su autorización constitucional para declarar la guerra.
Tres presidentes durante los últimos casi 20 años confiaron cada vez más en esa supuesta autoridad para expandir la guerra contra el terrorismo en la forma que creyeran conveniente.
Esas dos AUMF, la primera dirigida contra al-Qaida, la segunda contra el Iraq de Saddam Hussein, se han ampliado desde entonces para proporcionar al presidente poder para librar guerras y participar en otras intervenciones militares en gran parte del Gran Oriente Medio y zonas cada vez mayores de África, y para centrarse en objetivos muy alejados de los perpetradores del 11 de septiembre. La AUMF de 2001 se ha utilizado para justificar enfrentamientos militares y ataques con aviones no tripulados en Pakistán, Somalia, Siria y el Yemen, entre otros lugares. Y Donald Trump se refirió en parte a la AUMF de 2002 para justificar el asesinato con un dron del general iraní Qasem Soleimani en el Aeropuerto Internacional de Bagdad en enero de 2020.
Esas AUMF, “penosamente obsoletas”, han proporcionado lo que un crítico definió hace poco como “un cheque en blanco para emprender la guerra entregado a prácticamente cualquier persona por voluntad del presidente”. En 2013, el presidente Obama reconoció esa primera AUMF siempre en expansión y manifestó su deseo de implicar al
“Congreso y al pueblo estadounidense en los esfuerzos para derogar el mandato de las AUMF. Y no voy a firmar leyes diseñadas para ampliar más ese mandato. Debemos seguir esforzándonos sistemáticamente para desmantelar las organizaciones terroristas. Pero esta guerra, como todas las guerras, debe terminar. Eso es lo que aconseja la historia. Eso es lo que exige nuestra democracia”.
Por el contrario, en mayo de 2020, Trump vetó un proyecto de ley que le prohibía tomar medidas contra Irán sin obtener primero la aprobación del Congreso. En resumen, ninguno de los presidentes ha dejado de usar esas autorizaciones del Congreso
En repetidas ocasiones, desde 2001, la representante demócrata Barbara Lee y otros en el Congreso han pedido en vano la derogación de la AUMF de 2001. En marzo de 2019, los senadores Tim Kaine y Todd Young presentaron un plan bipartidista para derogar la AUMF de 2002 con el argumento de que Iraq ya no era un enemigo. Lee lideró un movimiento paralelo en la Cámara que votó para derogar la ley. Sin embargo, todo se quedó ahí.
“No tiene sentido que sigan vigentes dos AUMF contra un país que ahora es un aliado cercano. No tienen ningún propósito operativo, corren el riesgo de futuros abusos del presidente y ayudan a mantener a nuestra nación en guerra permanente”, dijo Kaine. Teniendo en cuenta los crecientes ataques estadounidenses en Iraq contra las milicias respaldadas por Irán, esto podría resultar una batalla cuesta arriba, pero, no obstante, es importante. Kaine y Young han reintroducido recientemente legislación para derogar la autorización de 2002. Aunque para el ataque de Biden en Siria contra las milicias respaldadas por Irán, se citaron los supuestos poderes del comandante en jefe en lugar de la AUMF de 2002, la preocupación estriba en que, si las tensiones continúan aumentando entre Washington y Teherán, se cite para ataques futuros, aunque no estén relacionados con su intención original.
La derogación de esas autorizaciones infinitamente expansivas es una necesidad
El 5 de marzo (dos días después de que Kaine y Young presentaran su plan), la Casa Blanca anunció a través de la secretaria de prensa Jen Psaki que iban a “reemplazar” las dos autorizaciones “con un marco estrecho y específico”. En otro gesto por un uso más restringido de la fuerza, Biden canceló un segundo ataque en Siria después de descubrir que podrían producirse víctimas civiles.
Primera revisión a los seis meses: La derogación de esas autorizaciones infinitamente expansivas es una necesidad y debe ser una de las principales prioridades de la administración Biden. Cualquier nueva AUMF debe incluir consultas con el Congreso antes de que se lance cualquier ataque contra posibles enemigos extranjeros, debe limitar exactamente quiénes podrían ser esos enemigos y especificar tanto un marco de tiempo como el alcance geográfico de cualquier autorización.
Asesinatos selectivos
Bajo el presidente Obama, la guerra con aviones no tripulados, el uso de aviones pilotados a distancia (RPA, por sus siglas en inglés) para atacar a individuos y grupos, se convirtió en una herramienta distintiva del arsenal de guerra de Washington contra el terrorismo. Esos ataques de “precisión” (decididos en las reuniones de los “martes del terror” en la Casa Blanca en los años de Obama) estaban justificados porque supuestamente iban a reducir las muertes estadounidenses y, con el tiempo, las muertes en el campo de batalla en general, incluido el “daño colateral” de las víctimas civiles. Obama utilizó estos ataques con aviones no tripulados de manera expansiva, dirigidos incluso contra ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
En su segundo mandato, Obama sí intentó poner algunos límites y restricciones a los ataques letales de los RPA, estableciendo procedimientos y criterios y limitando los motivos para su uso. El presidente Trump diluyó rápidamente esas pautas más estrictas, al tiempo que expandió el número de ataques con aviones no tripulados lanzados desde Afganistán a Somalia, lo que eclipsó pronto las cifras de Obama. Según la Oficina de Periodismo de Investigación con sede en Gran Bretaña, Obama llevó a cabo un total de 1.878 ataques con aviones no tripulados en sus ocho años en el cargo. En sus primeros dos años como presidente, Trump lanzó 2.243 ataques con drones. Al principio, en lo que respecta a las víctimas civiles, la administración Trump se limitó a ignorar una política obligatoria de la era de Obama, según la cual había que elaborar y hacer público un informe anual sobre las víctimas civiles de los ataques con drones. Luego, en marzo de 2019, Trump simplemente canceló el requisito, asignando un tipo de secretismo aún más profundo al programa de asesinatos con drones.
…deben crear una política conforme con el derecho nacional y con el derecho internacional.
Respecto al tema de los drones, ha habido algunas señales potencialmente alentadoras en las primeras semanas de la administración Biden. Sus designados han señalado la intención de poner al día y limitar la política de drones. El Día de la Toma de Posesión de 2021, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, emitió una orden en la que anunciaba la intención de la administración de revisar el uso de los RPA para misiones de asesinato selectivo fuera de las zonas de guerra. Mientras se llevaba a cabo la revisión, se suspendieron algunas de las libertades de la CIA y del ejército de la era Trump para decidir por su cuenta sobre los objetivos de los drones. Según informaciones ofrecidas por Charlie Savage y Eric Schmitt del New York Times, “el ejército y la CIA deben ahora obtener el permiso de la Casa Blanca para atacar a sospechosos de terrorismo en lugares con gobiernos débiles donde hay escasas tropas terrestres estadounidenses, como Somalia y el Yemen”.
Segunda revisión a los seis meses: La administración Biden necesita como mínimo revisar su uso de drones para asesinatos selectivos de cualquier tipo, en cualquier lugar, para que se conviertan en una rareza, no en el hecho habitual que han sido. El presidente debe insistir aún más en la transparencia al informar sobre los usos de la guerra con drones y sus víctimas. Él y sus principales funcionarios deben crear una política conforme con el derecho nacional y con el derecho internacional.
Guantánamo
Lo último (pero no lo menos importante) en mi lista: es hora ya de cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo. El pasado mes de enero se cumplió el XIX aniversario de su apertura, el momento en que a los primeros prisioneros de la guerra contra el terrorismo les hicieron volar hacia Cuba, lejos de la justicia estadounidense y lejos de los ojos del mundo. En 2008, mientras George W. Bush aún era presidente, Gitmo recibió a sus últimos reclusos. Hace doce años, Barack Obama se comprometió a cerrarlo en el plazo de un año.
Cuando Obama dejó el cargo en enero de 2017, había logrado avanzar algo para su cierre, aunque no lo consiguió finalmente. La población de Gitmo se había reducido de 197 presos a 41, gracias a los esfuerzos de la Oficina del Enviado Especial para el cierre de Guantánamo, que Obama había establecido en 2013, y a su jefe, Lee Wolosky. Wolosky dedicó muchos esfuerzos a la misión de trasladar a los detenidos fuera de esa instalación durante los últimos 18 meses de la presidencia de Obama. Un tercio de los prisioneros restantes se enfrentaba a cargos de -o ya habían sido condenados por- las comisiones militares que Obama recuperó en 2009, consiguiendo avances notablemente pequeños a favor de los enjuiciamientos, menos aún de las resoluciones, durante sus dos mandatos.
Los fiscales de la comisión militar demostraron ser incapaces de organizar lo que debería haber sido el caso central de los años de Guantánamo
En la campaña electoral de 2016, Trump pontificó de forma miserable amenazando con “abarrotar [Gitmo] de tipos malos”. En realidad, durante su mandato, no se llegó a trasladar a las instalaciones a ningún nuevo detenido. Mientras tanto, los fiscales de la comisión militar demostraron ser incapaces de organizar lo que debería haber sido el caso central de los años de Guantánamo: el juicio de los cinco hombres, incluido Khalid Sheikh Mohammed, acusados de ser cómplices de los ataques del 11 de septiembre.
Al igual que con las AUMF y la política de ataques con drones, hay, en los primeros momentos del mandato de Biden, algunas señales alentadoras de que el cierre podría volver a convertirse en una prioridad. El secretario de Defensa Lloyd Austin, por ejemplo, expresó sus pensamientos sobre el tema en preguntas enviadas al Comité de Servicios Armados del Senado durante sus audiencias de confirmación. “Es hora”, escribió, “de que el centro de detención de la bahía de Guantánamo cierre sus puertas”. De manera similar, el Dr. Colin Kahl, el designado por Biden para subsecretario de política en el Pentágono, declaró en el Congreso: “Creo que es hora ya de cerrar el centro de detención del Departamento de Defensa en la bahía de Guantánamo de manera responsable”. El presidente Biden también ha manifestado su apoyo al cierre, afirmando que quiere clausurarlo al final de su presidencia. Y ya se ha anunciado que el Consejo de Seguridad Nacional está estudiando planes para llevarlo a cabo.
…años de retrasos, revocaciones, fechorías gubernamentales y la sombra oscura que se proyecta sobre los casos en los que la tortura ha sido parte integral de las pruebas aportadas…
Mientras tanto, después de años de retrasos, revocaciones, fechorías gubernamentales y la sombra oscura que se proyecta sobre los casos en los que la tortura ha sido parte integral de las pruebas aportadas, parece que algo se está moviendo. El día después de la toma de posesión de Biden, por ejemplo, la administración fijó la fecha para un juicio que ha estado estancado durante años: el de tres hombres del sudeste asiático acusados de atentados con bombas en Indonesia en 2002 y 2003. Los tres llevan bajo custodia de Estados Unidos desde 2003, primero en los “agujeros negros” de la CIA y, a partir de 2006, en Guantánamo. Sin embargo, el 2 de febrero, la fecha de ese juicio se pospuso debido a la covid-19.
Tercera revisión a los seis meses: Es imperativo que la administración Biden cierre Guantánamo y, cuanto antes, mejor. Es difícil sobreestimar el coste catastrófico de ese centro de detención. Continúa manchando la reputación estadounidense de equidad y justicia en todo el mundo y es el último recordatorio del compromiso entre seguridad y libertad en la guerra contra el terrorismo. Hasta que se cierre Guantánamo, sigue abierta la puerta a las detenciones sin el debido proceso y, por tanto, a un sistema judicial alternativo al margen de la ley, así como a los interrogatorios secretos ilegales y tratos brutales. Y después de todos estos años, seis meses deberían ser más que suficientes para al menos poner en marcha, cuando no completar, los planes para ese cierre.
Es hora ya de consignar esas desviaciones de la ley a los libros de historia.
Una cosa es tener buenas intenciones y otra muy distinta hacer realidad esas intenciones en la política. Si bien entiendo las preocupaciones de las primeras críticas de las decisiones en desarrollo relacionadas con la guerra contra el terrorismo de Biden, me decanto por un mínimo de paciencia, aunque no por un marco de tiempo abierto. Después de todo, es hora ya de consignar esas desviaciones de la ley, y de todo lo que no sean normas razonables de la guerra contra el terrorismo, a los libros de historia.
Karen J. Greenberg, colaboradora habitual de TomDispatch, dirige el Center on National Security de Fordham Law, y es editora-jefe del CNS Soufan Group Morning Brief. Es autora y editora de muchos libros, entre los que figuran Rogue Justice: The Making of the Security StateyThe Least Worst Place: Guantánamo’s First 100 Days. De próxima publicación Subtle Tools: The Dismantling of Democracy from the War on Terror to Donald Trump (Princeton, 2021). Julia Tedesco, Jonathan Alegria y Matthew Ruane han colaborado con sus investigaciones en este artículo.
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